Un grupo de promotores de tráfico de terrenos habría logrado estafar a 100 incautos agricultores que pagaron por la compra de hectáreas del terreno de propiedad del Instituto Penitenciario “El Sepa”, situado en el distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya, en Ucayali. Ante esta situación, las personas estafadas decidieron invadir 8 mil hectáreas del terreno agrícola.
Por su parte, el agricultor Ángel Alfonso Monterey Llanco, informó que uno de los promotores identificado como Wilfredo Gutiérrez le vendió 80 hectáreas de esta propiedad por la suma de S/ 40 mil. Sin embargo, indicó que cuando trató de verificar la situación legal del terreno constató que le pertenecía al Ministerio de Justicia.
“Ante la falta de la constancia de posesión, viajé a la ciudad de Atalaya para averiguar en la Agencia Agraria sobre la situación actual del terreno que ocupo, en la cual recibí la ingrata noticia que no será posible su saneamiento físico y legal, ya que se trata de un terreno de propiedad del Ministerio de Justicia”, afirmó el agricultor.
Cabe señalar que actualmente este terreno fue invadido por pobladores procedentes de distintas localidades como Satipo, Mazamari, San Martín de Pangoa, Río Negro y Pampa Hermosa. Además, se destacó que estos agricultores se dedican a la siembra de cacao, plátano y papaya. No obstante, las personas estafadas denunciaron que los promotores de tráfico de terrenos serían provenientes de la Provincia de Satipo.
Asimismo, se informó que los promotores de la invasión les habrían vendido 8 mil hectáreas de la propiedad del INPE a los agricultores por la suma de S/400 000 aproximadamente. Sin embargo, se indicó que cada hectárea de estos terrenos vienen siendo revendidas a otras personas por el monto de S/5 000. No obstante, esta venta se realiza sin contar con una documentación que sustente la adquisición legal del terreno.
Del mismo modo, otro agricultor identificado como Ángel Alfonso Monterey Llanco también denunció a los inescrupulosos promotores de la invasión que aprovechan la ausencia de los ocupantes de esta propiedad para revender estas tierras a terceros.
«Ante este contexto, la gente en cualquier momento se matará por terreno, el estado de derecho no existe y prevalece la ley de la selva, del más fuerte», advirtió el agricultor.
