En el Perú existirían más de 6000 pozos de hidrocarburos mal abandonados que provocan alarmantes cifras de áreas contaminadas; no obstante existir, desde el año 2007, la Ley que regula los pasivos ambientales de hidrocarburos y, desde el año 2011, su Reglamento.
Pese a la gravedad del problema señalado, la Defensoría del Pueblo detectó que, al año 2012, el Poder Ejecutivo no había cumplido con identificar los pasivos ambientales.
Para la Defensoría del Pueblo, los pasivos ambientales de hidrocarburos constituyen una real amenaza al medio ambiente, a la vida y a la salud de las personas, por lo que se requiere una atención prioritaria del Estado.


