Caretas. Se supone que los jueces son ciudadanos probos, justos, equilibrados y los primeros respetuosos de la ley y el derecho, o por lo menos deberían serlo. Pero en el caso del juez con el que se encontró el fotógrafo de CARETAS, otros fueron los impulsos que prevalecieron.
El juez Rosales fue quien, a pedido del Tribunal Constitucional, decidió que el Congreso reserve una de las plazas en ese colegiado para el controversial Javier Ríos Castillo, protagonista en junio del 2007 del escandaloso almuerzo con Agustín Mantilla apenas un día antes de ser nombrado por el Congreso. Peor aún, otro caso, esta vez una millonaria demanda, confirma las influencias que Ríos tiene en el TC.
La carátula de la presente edición de Caretas muestra al juez Raúl Rosales Mora el viernes 12, en el momento en que apunta desde su auto con una pistola al fotógrafo Carlos Saavedra. Por supuesto, éste no iba armado, tenía solo la cámara entre manos, y había acudido a capturar una instantánea del magistrado responsable de la resolución que ordenaba el nombramiento de Javier Ríos Castillo como magistrado del Tribunal Constitucional.
Sólo cumplía su labor informativa
Eran las 11 y 36 de la mañana, en la cuadra 24 del jirón Alayza y Roel, en el distrito de Lince.
Al ver la reacción del juez que salía de su domicilio, Saavedra lo encaró:
–¿No se da cuenta de lo que está haciendo usted, apuntándome con una pistola?
Rosales insistió en su amenaza:
–Y tú también ten cuidado con lo que estás haciendo.
Saavedra continuó tomando fotografías y Rosales le volvió a enseñar el arma, ya sin apuntarle. Luego se marchó.
El fallo que había emitido, ciertamente, tenía su propio calibre.
Almuerzo en el Fiesta
La designación de Ríos Castillo en el Congreso desató un escándalo mayúsculo luego que esta revista publicara el 14 de junio del 2007, un día después de la apurada votación en el Congreso, una foto tomada en el restaurante Fiesta de Miraflores. Allí, en un ambiente privado, almorzaba Ríos con Agustín y Jorge Luis Mantilla.
La mesa se completaba con los comensales Óscar López Meneses, conocido operador de Vladimiro Montesinos, y los militares en actividad Roberto Vértiz y José Cuadra. General y Comandante EP, respectivamente.
Meros y cebiches fueron devorados solo un día antes de la votación en el Parlamento. Entonces se desató toda una serie de especulaciones sobre la influencia que Mantilla podría ejercer aún en el voto de la bancada oficialista.
Pero finalmente el Congreso anuló la designación, y los hechos empañaron el final de la gestión de Mercedes Cabanillas como presidenta del Legislativo.
El escándalo fue revivido el miércoles 11 cuando el juez Rosales emitió, dentro de una acción constitucional de amparo, una medida cautelar a favor de Ríos Castillo. La resolución fue notificada al día siguiente.
En el documento, Rosales le ordena al Congreso que el actual proceso para nombrar a dos titulares de vacantes en el Tribunal Constitucional sea modificado para cubrir una sola plaza. La otra, reza el documento, será ocupada por Ríos Castillo.
El Congreso tiene programado nombrar el 26 de febrero a los reemplazos de los magistrados César Landa y Juan Vergara, actual presidente del colectivo.
No es solamente una decisión judicial cuestionable. Se trata del último capítulo en una historia que pone en tela de juicio la actuación del Tribunal Constitucional. Y los indicios son casi los de una pistola humeante.
Renunciar o Declinar
En medio del escándalo del Fiesta, Ríos Castillo renunció a su designación. Luego sostuvo, y lo hace hasta hoy, que lo que hizo en realidad fue “declinar” a la espera de los acontecimientos.
El 7 de septiembre del 2007 interpuso una acción de amparo pidiendo ser repuesto. Fue rechazada liminarmente por el Poder Judicial. Es decir, de plano y sin necesidad de argumentar. Insistió con el Tribunal Constitucional y éste determinó el 13 de agosto del 2009 revocar el rechazo.
Dispuso además que el juez de primera instancia admitiese la demanda. Allí entra en escena el juez Rosales, titular del sexto juzgado constitucional. No solamente admitió la demanda, sino que dictó la mencionada medida cautelar.
Rosales raciocina que hay “una fuerte probabilidad de que la posición de quien la solicita sea jurídicamente la correcta…”, con lo que aparentemente adelanta opinión en cuanto a la sentencia definitiva que finalmente dicte.
El magistrado pistolero se basa además en la revocatoria que el TC hace de los dos fallos iniciales para concluir que “resulta evidente la existencia de la verosimilitud del derecho invocado por el demandante”. Así acepta sin cuestionamiento alguno la posición de Ríos.
Y acepta que “los derechos constitucionales invocados por el demandante: debido proceso, defensa a participar en la vida pública de la Nación, la petición y al goce de la inmunidad y prerrogativas parlamentarias como miembro del Tribunal Constitucional, habrían sido vulnerados por la emplazada”, es decir, por el Congreso. La próxima elección de dos nuevos integrantes del Tribunal hace ver al juez el peligro de la demora y por ello emite la medida cautelar.
Ni la renuncia o declinación de Ríos, ni el escándalo y la inmediata reacción del Congreso, ni el hecho de que no se emitiera documento alguno de nombramiento, persuadieron al juez Rosales, que establece “la diferencia que pueda existir entre renunciar y declinar” como base de una posible ratificación.
Protesta de CARETAS
La revista CARETAS denuncia la actitud insólita, irresponsable, agresiva y de alto riesgo del Juez Raúl Rosales Mora quien, sin mediar explicación ni provocación concebible alguna, apuntó con un arma de fuego la cabeza de nuestro reportero gráfico Carlos Saavedra en circunstancias que este le tomaba una fotografía en la vía publica.
Rosales es el protagonista de una sonada controversia judicial y política, y personaje, por lo tanto, de una noticia de importancia nacional. Saavedra es, a su vez, un legendario periodista que simplemente cumplía con su misión profesional.
Rosales debería ser destituido de inmediato de su cargo, sometido a tratamiento psiquiátrico y sancionado con severidad.
No se puede permitir que un custodio de la ley asuma actitudes propias de pandilleros y amenace así a un ciudadano, cualquiera sea su actividad.
Lima, 18 de febrero del 2010
Protesta de INFOREGION
La Agencia de Prensa INFOREGION condena en forma enérgica la actitud del juez Raúl Rosales Mora de amenazar con un arma de fuego al reportero gráfico de la revista Caretas, Carlos Saavedra a quien amenazó con su arma de fuego en una actitud prepotente y reñida contra la libertad de expresión.
Por ello y en aras de evitar que estas actitudes intolerantes contra la labor informativa de los hombres de prensa queden impunes, demandamos a las autoridades del Poder Judicial una sanción ejemplar y contundente para este magistrado.
Lima, 18 de febrero del 2010
