La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación ante varias situaciones ocurridas esta semana contra periodistas y medios de comunicación en México y criticó la incapacidad del Estado para garantizar el ejercicio seguro del periodismo y de la libertad de prensa en el país.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, hizo referencia a una sentencia contra un diario en Campeche, la incautación de equipos de un periódico en Sinaloa, la privación de libertad de periodistas y los asesinatos de dos reporteros ocurridos esta semana en Tamaulipas y Oaxaca.
Sentencia
Se supo de una sentencia por daño moral dictada contra el director general del periódico La Opinión de Campeche, Alejandro Castillo Illescas, el editor Efraín Durán y la excoeditora Gabriela Aguilar. A ellos se les dispuso el pago de US$ 350 mil.
La demanda había sido presentada por Sonia Cuevas, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina, ex alcaldesa del municipio de Calkini en Campeche. Cuevas se consideró difamada por publicaciones en las que familiares de una víctima la involucraron como cómplice de un crimen.
Al respecto, Paolillo recordó que «los funcionarios y personas públicas están expuestos a un mayor escrutinio de la prensa y los ciudadanos, sobre todo cuanto se trata de asuntos de interés público».
Embargo de bienes
Un operativo del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda embargó el 22 de junio vehículos, motocicletas y equipos de carga, utilizados para la distribución y cobranza del diario Noroeste de Mazatlán, Sinaloa, en aparente represalia por las líneas de investigación del diario.
La medida, que afecta la operación del diario, ocurre tras meses de negociaciones del Grupo Editorial Noroeste con el SAT para regularizar la deuda de una de sus empresas. De acuerdo con la empresa editorial, la incautación de equipos coincide con la publicación de reportajes sobre la construcción millonaria, con la influencia del gobierno estatal y federal, de una planta de amoníaco en una reserva natural protegida.
Ante ello Paolillo expresó su preocupación respecto a que con el embargo de equipo necesario para operar se están imponiendo restricciones para publicar y distribuir el diario lo que va en detrimento del derecho del público a la información.
Retención y asesinatos
El editor Pedro Enrique Cortés y el camarógrafo Fernando Albarrán, colaboradores de TV Azteca, fueron liberados tras permanecer retenidos el 21 de junio. Ellos fueron privados de su libertad en Nochixtlán, en Oaxaca, por pobladores que exigieron al canal 15 minutos de su principal noticiero nocturno para exponer «lo que realmente pasa» en esa zona del país.
Paolillo dijo que «este acto demuestra que los periodistas no tienen garantías y el Estado no es capaz de darlas. Insistimos en que urge que se apliquen los mecanismos de protección que únicamente parecen estar en los papeles».
Finalmente, cabe citar que en esta semana fueron asesinados dos periodistas: Zamira Esther Bautista, periodista independiente y maestra, en Tamaulipas (20 de junio) y Elpidio Ramos Zárate, reportero de El Sur, Diario Independiente del Istmo, en Oaxaca (19 junio).
