Hace 33 años, un grupo armado compuesto por 5 encapuchados irrumpió en la localidad ayacuchana de Chuschi, específicamente en el local donde se guardaban las ánforas y padrones para las elecciones nacionales que iban a permitir el retorno a la democracia luego de 12 años de gobierno militar.
Los desconocidos quemaron varias ánforas y este acto fue acompañado de otros incidentes en ese momento menores, en Cerro de Pasco y en la municipalidad de San Martín de Porres, de Lima. En la historia, este momento ha pasado a simbolizar el ILA, es decir, el inicio de la lucha armada de la organización terrorista Sendero Luminoso que bañó de sangre al país por más de tres lustros, provocando decenas de miles de muertos y otros daños materiales y emocionales.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el documento más completo y audaz para entender el proceso iniciado en esa fecha, explica el inicio de este ciclo violento por la libre decisión de SL de empezar una denominada “guerra popular” contra el Estado y contra el sentir mayoritario del país que hacia fines de la década de 1970 canalizaban sus anhelos de transformación social a través de la organización social y de la participación electoral.
La violencia terrorista también se origina porque SL logra en un momento explotar las condiciones sociales de exclusión y pobreza de millones de peruanos, es decir, el factor denominado “caldo de cultivo”, difícil de ser asimilado por una parte del país como una razón explicativa aunque no justificativa. El proyecto senderista no habría calado en algunos grupos sociales si no se hubiesen revelado como insuficientes los proyectos nacionales que en la segunda mitad del siglo XX se propusieron la modernización de la sociedad y la economía para alcanzar una mayor integración económica y social del país.
El ciclo violento irrumpió en todas las esferas de la vida social agravando la crisis económica, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas, desnudando la incapacidad de las instituciones y poniendo sobre la mesa la actuación del Estado que, en su afán de derrotar el desafío terrorista, produjo la violación de DDHH. Felizmente, la búsqueda de la libertad no se detuvo en la derrota política y militar del proyecto subversivo, sino que avanzó a reivindicar a las víctimas y su legítimo derecho a la justicia y a la reparación.
El ciclo democrático iniciado el año 2000, a la caída del gobierno fujimorista, no es hasta ahora especialmente sensible en identificar los quehaceres públicos en la lucha ideológica contra los remanentes senderistas y su explicación farsante sobre la violencia y terror que protagonizaron. Según la CVR, para concretar sus planes SL utilizó principalmente el espacio educativo, captando e ideologizando pequeños núcleos de jóvenes a través de los cuales buscó asentarse en los márgenes rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político.
De allí que el sistema democrático, amenazado con la irrupción de un partido legal senderista que reivindica como un acto heroico el asesinato y el terror, tiene como desafío la recuperación de la memoria y el emprendimiento de reformas institucionales que permitan una mejor representación de los ciudadanos. En el plano social, el reto posterior a la derrota histórica del terrorismo es la realización de cambios para reducir la pobreza y la desigualdad y cerrar las brechas que separan y dividen a un país diverso cuya necesidad histórica es la unidad.
