El exprocurador anticorrupción José Ugaz aseguró hoy que “una investigación acuciosa” en el caso de los indultos y conmutaciones concedidas a narcotraficantes durante el gobierno aprista, podría llegar “a los más altos niveles”.
En cuanto a qué niveles de responsabilidad se apuntan o surgen a partir de estos hechos, “uno puede seguir mirando hacia arriba”, según dijo.
“Es evidente que alguien que es puesto allí, se le mira su trayectoria política, que ha sido arrastrado de puesto en puesto hasta llegar a este punto. Sin duda alguna una investigación acuciosa debería mirar hacia dónde escala las responsabilidades pudiendo llegar a los más altos niveles”, manifestó.
Ugaz precisó que la persona involucrada en estos actos ilegales, “está vinculada muy directamente a una persona muy cercana al (ex) presidente (Alan García), al secretario de la Presidencia (Luis Nava)”, comentó, en referencia a Miguel Facundo Chinguel, titular de la comisión que veía los indultos y conmutaciones.
De otro lado, el exprocurador consideró que no existe ninguna razón, para que las comisiones que evalúan los expedientes, “no hagan pública la información de los casos”.
“Cuando alguien solicita un indulto por razones establecidas en la ley, debería de publicarse y razonadamente fundamentarse el por qué se concedió. Este secretismo (…) en niveles muy sensibles terminan generando nichos de corrupción que después afectan al Estado de una manera sumamente grave”, refirió.
En ese sentido, afirmó que la denuncia contra el otorgamiento de indultos y conmutaciones de pena durante el gobierno aprista, no debe minimizarse “pues no se trata de paqueteros, ‘burriers’ o microcomercializadores”.
“Sino que se trata de integrantes de bandas criminales que han tenido penas por encima de los ocho años de privación de libertad”, aseveró.
Por esta razón, sostuvo que este tema era “sumamente serio” y que “no existían dudas que el presidente de la comisión (de indultos) y algunos integrantes de ese gobierno estuvieron formando parte de un circuito corrupto”.
Tras conocerse la denuncia, sobre la liberación de unos 400 narcotraficantes, de un grupo de 5 mil 500 indultos y conmutaciones de pena, diversos sectores pidieron una inmediata investigación.
De igual modo, se pudo conocer el desazón que causó en el sistema judicial, así como en la Procuraduría Antidrogas y exintegrantes del Ministerio Público.
