Representantes de diversas instituciones del Estado, de la sociedad civil y organizaciones internacionales promulgaron un consenso sobre la implementación de una política pública para la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.
Esta decisión se tomó luego del seminario “Análisis y propuestas sobre políticas de Estado para la búsqueda de personas desaparecidas”, organizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República y la Mesa de Trabajo en Acompañamiento Psicosocial en procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
El objetivo de la iniciativa es la búsqueda, identificación y restitución de los restos mortales de las personas desaparecidas a causa del conflicto, entre los años 1980 y 2000, y atender las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares durante los procesos de búsqueda.
El consenso precisa que el concepto de persona desaparecida debe ser lo suficientemente amplio e inclusivo para que satisfaga las necesidades de los familiares de las víctimas y de la sociedad, como el de la Ley 28413 para la declaración de la ausencia por desaparición forzada, aunque considerando además a las personas fallecidas.
Se propone además la creación de una oficina, instancia o entidad que sea pertinente para las coordinaciones necesarias que se hagan a través del ente rector en derechos humanos del Estado: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las funciones de esta política pública serían diseñar e implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en coordinación con las instituciones involucradas, relativo tanto a las investigaciones forenses como a la atención de las necesidades emocionales, materiales y de información de los familiares durante los procesos de búsqueda.
Asimismo, plantea coordinar las políticas y acciones del Estado ya existentes, relativas a la búsqueda de personas desaparecidas, garantizando su adecuación a los estándares internacionales relativos a la materia.
Participaron del seminario la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú; el Equipo Peruano de Antropología Forense, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, Fiscalías de Lima y Ayacucho, entre otras organizaciones.
