El Congreso de la República aprobó la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico luego de una insistente presión de la bancada fujimorista. Una ley aprobada recientemente dispone que las FFAA actúen mediante interdicción terrestre, acuática y aérea contra el narcotráfico y realicen detenciones y decomisos.
De ese modo, a pesar de los dramáticos antecedentes negativos que experimentaron otros países, el Parlamento ha decidido forzar la reforma de una política pública ignorando la posición del Ejecutivo. Esta norma fue aprobada por primera vez en noviembre del año 2011 e inmediatamente observada por el Presidente de la República con el argumento cierto de que las funciones de control del orden público por las FFAA ya se encontraban legisladas en el artículo 137° de la Constitución y que no existía un procedimiento ad hoc de las FFAA para los casos de narcotráfico.
Esos procedimientos acaban de ser creados indebidamente fuera del Código Penal y del Código Procesal Penal, lo que encierra peligros potenciales para las mismas FFAA. El primero de ellos es la anulación del principio de legalidad de la interdicción del narcotráfico que ahora se hace de acuerdo a procedimientos establecidos. Si en las zonas de emergencia las detenciones y decomisos de droga serán realizados sin la presencia del Ministerio Público, se corre el riesgo de volver a una etapa de corrupción que dañó a las FFAA.
Este escenario se ensombrece más porque queda claro que los miembros de las FFAA que incurran en actos de corrupción en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas serán juzgados en el fuero militar y no en la justicia ordinaria. Ya en el pasado, durante el fujimorismo, se registraron decenas de casos en los que el fuero militar sustrajo de la justicia a militares comprometidos en sonados actos de complicidad con bandas de narcotraficantes.
Los voceros del fujimorismo señalan que la norma aprobada reduce el papel antidrogas de las FFAA al VRAEM debido a que allí estas se encuentran a cargo del orden interno. A la fecha el Alto Huallaga también se encuentra en Estado de Emergencia y allí la PNP está a cargo del orden interno. No obstante, la norma abre la puerta a un cambio en este último valle donde la policía ha obtenido resultados tangibles y sienta las bases para operaciones de interdicción militar antidrogas en otros valles.
La reacción del Ministerio de Defensa contra esta intromisión es correcta. Para la insistencia, la Comisión de Defensa no solicitó la opinión de este órgano del Ejecutivo. Tampoco ha tomado en cuenta las desastrosas experiencias de países donde la militarización de la lucha contra las drogas disparó una espiral de violencia y sangre con la consiguiente violación de DDHH y la pérdida de vidas de inocentes ciudadanos atrapados entre dos fuegos.
La mención sobre que las FFAA no están capacitadas para la lucha antidrogas no debe escandalizar a nadie porque su misión está delimitada y en ese campo le ha ofrecido al país servicios invaluables. Es loable el interés por hacer más eficaz la lucha contra el narcotráfico pero esta debe realizarse sin sobre-legislar, sin crear nuevos procedimientos ad hoc, sin reemplazar a la policía y sin exponer a las FFAA. Otros países actúan en una vía distinta: capacitan y especializan a la policía, invierten en inteligencia para combatir el lavado de activos, desarrollan los procedimientos legales y procesales y vigilan la eficacia de la justicia.
