Esta semana se confirmó en México lo que muchos especulaban: el narcotráfico está extorsionando e infiltrando la política. Diversos alcaldes afirmaron que los cárteles cobraban hasta el 10% de todo el dinero que reciben del gobierno federal. Además obligaban a contratar a empresas y personas y penetraban las estructuras mismas de los gobiernos locales para facilitar el tránsito y venta de droga.
La peor de las pesadillas se hace realidad, cada día menos gente en las que se puede confiar y más sensación de orfandad frente a un Estado que está muchas veces ausente y al parecer otras trabajando para el lado oscuro de la fuerza.
Los alcaldes que se quejaron previamente han sufrido las consecuencias del largo brazo de la mafia. Muertes, lesiones, secuestros directos y a familiares son algunos de los hechos que lentamente han ido construyendo una situación ya crítica en Michoacán, tierra del cártel de Los Caballeros Templarios. Todo parece de cuento, incluso el nombre del cártel, pero responde a una realidad compleja y de profunda peligrosidad para las ya débiles estructuras estatales.
Las debilidades estructurales de los gobiernos municipales y regionales son campo fértil para la corrupción. Pero cuando además están presentes los desafíos de la presencia del crimen organizado, la situación se complica exponencial-mente. Los alcaldes de Michoacán han sido claros en demostrar su incapacidad para enfrentar el miedo frente a las amenazas. Asistiendo incluso a reuniones donde se les entregaban definiciones casi políticas de qué hacer y cómo. El gobierno federal o sabía y no hacía nada o, lo que puede ser aún peor, no sabía nada.
La impunidad con la que actúa el crimen en muchos países es alarmante. Es cada día más evidente que así como los gobiernos municipales hoy abiertamente reconocen su situación de secuestro, lo mismo deben estar viviendo otras instituciones. Policías y jueces son solo algunos actores que podrían estar sometidos a presiones para actuar (o dejar de hacerlo).
La información diaria en prensa muestra filtraciones de información cotidianas, participación de policías e incluso miembros de las fuerzas armadas en hechos delictuales y extrañas vinculaciones de políticos con actores del mundo informal e ilegal. La mayoría mira al costado y decide no hacer nada frente a la monumental tarea que sería enfrentar el problema de la corrupción y la extorsión.
El narcotráfico encontró que una rama derivada de su accionar es conseguir dinero público mediante la extorsión de funcionarios.
Lo que pasa en México debe estar produciéndose en otras partes de América Latina, y el mundo en realidad. El financiamiento poco claro de campañas políticas es una puerta de entrada para la extorsión y el comportamiento mafioso en el día a día de un sistema político que en muchos casos carece de partidos y estructuras serias. En otros casos, las mismas estructuras partidarias encuentran espacios de financiamiento rápido en la industria criminal que paga por evitar problemas.
La señal de alerta está entregada. No son rumores sino certezas. El narcotráfico encontró que una rama derivada de su accionar es conseguir dinero público mediante la extorsión de funcionarios. Por ahora sabemos de los niveles locales o municipales, pero prontamente aparecerán aquellos de carácter nacional. ¿Qué hacer?
Enfrentar el crimen requiere de una reforma política de proporciones. Cerrar los espacios grises vinculados con el financiamiento de la política, con la representación de los partidos, con la transparencia de las decisiones públicas, con el amiguismo y la corrupción cotidiana tan presente en la región.
Además fortalecer los gobiernos locales con capacidades humanas y financieras reales y protección en aquellos lugares donde el crimen organizado se localiza. El camino es sin duda difícil y lleno de dificultades, pero tenemos una certeza: sin una política seria, nos gobernará el crimen.
