Por más de una semana, mineros de diversas regiones del país bloquearon las carreteras Panamericana e Interoceánica, quemaron autos, destruyeron propiedad pública y privada, se enfrentaron a la policía usando bombas molotov, intentaron tomar un aeropuerto y un mercado y obligaron a todos los negocios de la ciudad de Madre de Dios a cerrar con una pérdida que la Cámara de Comercio del lugar calculó en 1,5 millones de soles diarios. Tres personas murieron. Los manifestantes pedían la derogación de los decretos legislativos recientemente promulgados que tipifican la minería ilegal. Fue con ese objeto que cometieron esta serie de delitos tipificados en el Código Penal.
El lunes, como quien comienza bien la semana, el Gobierno decidió premiar estos delitos cediendo frente a una parte de quienes así protestaban (los llamados “mineros informales”). De esta forma un grupo de protestantes obtuvo el derecho a que la ley no se le aplique en, al menos, un año más. Y decimos “al menos” porque, ni bien cruzó el umbral de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde acababa de firmar el acta estipulando este plazo, el presidente de la Federación Minera de Madre de Dios declaró que no creía que en ese año lograsen formalizarse y que la fecha seguramente se tendría que prorrogar.
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