En un trabajo conjunto entre la División de Investigación de Lavado de Activos de la PNP y la Procuraduría Especializada en esta materia, se logró incautar 175.013 kilos de oro valorizados en más de 6 millones de dólares que estaban listos para ser enviados al extranjero, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a INFOREGIÓN.
Los casos tuvieron su origen en las inspecciones realizadas por la Gerencia de Prevención del Contrabando de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que detectó gran cantidad de oro que pretendía ser enviado al extranjero pero cuya fuente no había sido sustentada por las empresas Holding Minero del Perú, C.G. Koenig S.A. y Mining & Energy Solution S.A.C.
Al encontrarse evidencias del probable delito de lavado de activos procedente de la minería ilegal, la autoridad tributaria dispuso la inmovilización administrativa del producto y comunicó el hecho a la fiscalía y procuraduría especializada.
La 13 Fiscalía Provincial Penal del Callao inició una investigación preliminar contra el gerente general de Holding Minero del Perú, Jorge Enrique Vargas; mientras que la Sétima Fiscalía Provincial Penal del Callao hizo lo mismo contra Ricardo Rodríguez Silva y Wilfredo Martín Donayre Antón, gerentes generales de Mining & Energy Solution SAC y C.G. Koenig SA, respectivamente.
A pedido de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, el Ministerio Público solicitó al Juez Penal de Turno del Callao la incautación del oro inmovilizado, gestión que fue aprobada inmediatamente.
Durante tres días se efectuaron las diligencias. En el primer caso, se obtuvo 15.31 kilos de oro de Holding Minero del Perú; en el segundo, 109.373 kilos de C.G. Koenig SA; y en el tercero, 50.33 kilos de Mining & Energy Solution SAC.
El producto estuvo almacenado en las instalaciones de la empresa Talma en el Callao, donde se realizaron las diligencias.
Cabe destacar que el material fue entregado en custodia a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), que lo depositó en las bóvedas del Banco de la Nación a la espera de la resolución judicial que dictamine la incautación definitiva.
La operación fue un trabajo conjunto y coordinado de todas las instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos y la minería ilegal, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, la División de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, la Gerencia de Prevención de Contrabando de la Sunat y la Conabi (INFOREGIÓN).
