Está bien que una comisión del Congreso investigue a la ex parlamentaria nacionalista Nancy Obregón.
En primer lugar, hay que decir que los apristas, cuya bancada ha presentado la moción para crear la comisión investigadora, están devolviendo el golpe al presidente Ollanta Humala, quien en los últimos meses los atacó con el tema de los ‘narcoindultos’.
En segundo lugar, creo que sí se justifica una investigación porque la señora Obregón tuvo un papel importante en el Congreso 2006-2011. Fue parte de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
Tuvo acceso a muchas cosas. Incluso Max Caller Valdez, su asistente parlamentario, fue detenido el 2009 con 140 kilos de clorhidrato de cocaína.
Creo que la investigación se justifica para ver las ramificaciones del narcotráfico en el Congreso. Pero no solo debería revisarse qué proyectos de ley presentó o apoyó. Quizá lo más relevante en la pesquisa debería ser cómo se movía en el Parlamento, con quiénes trabajaba y qué acciones desarrolló.
Hay algunas actividades de ella que han sido públicas, como cuando iba a su zona, a Tocache o a Santa Rosa de Mishollo, y se enfrentaba a la policía u obstaculizaba la erradicación de hoja de coca.
Pero también ha actuado bloqueando investigaciones y otra serie de cosas. Poner la atención en esto sería más productivo para la indagación que pretende hacer el Congreso.
Y no solo Nancy Obregón estaría implicada. También debería investigarse a la ex parlamentaria andina Elsa Malpartida, quien también está comprendida en la investigación judicial contra Obregón. Es conocido que ella estuvo metida en asuntos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Quizá si se siguen jalando los hilos, se puede llegar a otra persona.
Hay que recordar que lo de Obregón y Malpartida viene de años antes de que lograran ser funcionarias. Desde que fui ministro del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo advertí sobre personajes como Obregón y Malpartida.
La ex congresista nacionalista tuvo un lobby de periodistas, intelectuales y organizaciones no gubernamentales que la defendían y que se jugaban su prestigio por ella. Decían que era macartismo acusarla. Luego ya tuvo protección política de Ollanta Humala, aproximadamente desde el 2005. Los que las denunciábamos éramos atacados sistemáticamente por esta gente.
