En un buen operativo de la Dirandro en Barranca, se incautó un importante cargamento de cocaína en un vehículo de campaña del candidato fujimorista a la Alcaldía. El detenido es cuñado del candidato de Fuerza Popular y es uno de los beneficiados por las conmutaciones de pena de Alan García.
Dos días después, en Ica, la presidenta del Jurado Electoral Especial renuncia a su cargo por las amenazas que afirma recibir de “tres narco candidatos que postulan a la región”.
La primera noticia tiene un impacto coyuntural, pues mancha la campaña fujimorista en estas elecciones regionales y locales; más todavía cuando se trata de un sector político con una historia turbia. Afecta también a García, puesto que se suma a otros casos en los que narcotraficantes que perdonó durante su gobierno volvieron a delinquir.
Pero, vistas en conjunto, estas noticias van más allá y dan cuenta de un cambio cualitativo que se está produciendo en los últimos años en la criminalidad, en la que diferentes lógicas del crimen organizado han comenzado a tomar el control de la vida cotidiana en muchos lugares; y, en paralelo, hay evidencias crecientes de que actores criminales logran penetrar instituciones del Estado, como Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos locales y regionales.
Estamos en plena campaña electoral y con más de 100,000 candidatos no hay forma de controlar el ingreso de personajes turbios a cargos públicos y, menos todavía, el financiamiento por parte de grupos criminales a sus candidaturas.
En ese contexto preocupa el debilitamiento del impulso anticorrupción que se dio en el segundo trimestre. Así, del grupo mafioso de Orellana, ninguno de los denunciados está preso y del que encabezaba Álvarez, la mayor parte han fugado, incluyendo a Belaunde Lossio, uno de los principales involucrados quien está demasiado cercano al poder, como para no levantar sospechas de protección.
