Los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe agravan las desigualdades y erosionan los derechos humanos, como a la vida, a la salud o a un ambiente sano, entre otros. Bajo este escenario y siendo la desigualdad preocupante en la región, el Acuerdo de Escazú se encuentra entre las demandas sociales de países como Colombia y Chile, por lo que no podía falta su discusión en la máxima cumbre contra el cambio climático.
Para Mary Robinson, primera mujer en asumir la presidencia en Irlanda (1990-1997), excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la organización The Elders -socios globales en la promoción del Acuerdo de Escazú, este instrumento “coloca a los derechos humanos en el centro de la lucha contra la crisis climática”. ¿Cómo? proporcionando información a las comunidades más vulnerables, fomentando su participación en las decisiones ambientales y fortaleciendo el camino hacia la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú es la respuesta a los jóvenes, quienes han tomado las calles demandando cambios y acciones de justicia climática, puntualizó.
Por su parte, Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que no solo es posible avanzar en la acción climática con buenas políticas públicas, es necesario incrementar la participación social. “Necesitamos a la sociedad y los mecanismos que permitan una participación estructurada, informada, significativa, oportuna y exigible”, indicó.
De esta manera, Acuerdo de Escazú es el pilar para lograr una transición justa, que dé a la gente dignidad sin atentar con los derechos laborales y humanos. Informó que desde la CEPAL, una vez entre en vigor Escazú, se dará especial énfasis a los pueblos indígenas y a las mujeres en la participación del ejercicio del Acuerdo.
