El más grande caso de lavado de dinero de la historia del país no ha muerto, aún. El lunes 9, el Fiscal de la Nación José Peláez Bardales decidió, como era de esperarse, dejar sin efecto la designación de la fiscal adjunta de crimen organizado, María Maguiña Torres, y dispuso abrirle investigación sumarísima por presunta inconducta funcional al haber archivado, sin posibilidad de ir a juicio oral, el caso Sánchez Paredes (CARETAS 2226).
Es de suponer que desde la Plaza de Armas deben haber soplado vientos de preocupación ante un problema de semejantes características.
La investigación correrá por cuenta de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Mientras tanto, Maguiña pasará a la Segunda Fiscalía Provincial Penal a la espera de que culminen las pesquisas preliminares.
CARETAS la entrevistó la mañana del martes 10, en momentos en que se disponía a desalojar su despacho ubicado en el quinto piso de la Fiscalía de Crimen Organizado, en el jirón Carabaya, en el Centro de Lima.
Maguiña alega que resolvió el expediente de un millón de folios en un mes, y no en 15 días, y que lo hizo así, con sorprendente celeridad, a solicitud de su jefe, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien fue el titular de la investigación hasta mediados de 2010. “El caso no podía permanecer mucho tiempo en la Fiscalía. La disposición que hubo de parte del fiscal coordinador Jorge Chávez es que se aligerara la revisión de ese expediente”, declaró.
Según Maguiña, en el dictamen trabajaron “cuatro personas a dedicación y eso fue suficiente como para evaluar todo lo que se había actuado, a nivel policial, fiscal como judicial”; es decir, durante 4 años de investigaciones. “El hecho que una investigación dure un tiempo prolongado, no significa que sea de óptimo resultado, no es un indicador de nada. Tampoco ha sido necesario analizar todo el expediente. Se ha revisado lo suficiente como para tomar una decisión”, aseguró la removida fiscal, señalando una pizarra con sus apuntes sobre los siete procesados por lavado de dinero. “El tema de fondo acá es analizar el dictamen de 280 folios que archiva este caso”, demandó.
El dictamen de la fiscal Maguiña es sorprendente: concluye que los ingresos de los hermanos Sánchez Paredes están debidamente fundamentados y afirma que no se pudo establecer una relación entre las actividades de Segundo Sánchez Paredes, asesinado a tiros en su laboratorio de cocaína en el famoso Rancho Luna de México en 1987 (CARETAS 2002), con el origen del patrimonio de Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes, así como de Fidel Sánchez Alayo, Belisario Esteves y Blanca Sánchez Príncipe.
Es decir, todo lo contrario a lo que había concluido el propio fiscal Chávez Cotrina y que marcó el inicio del “megaproceso” judicial en abril de 2010.
“Yo he cumplido a cabalidad mis funciones en el estudio del expediente, no tengo nada que ocultar”, se defendió. “No tengo ningún temor a que se me investigue. Un expediente para que suba a juicio oral tiene que estar debidamente sustentado, no con pruebas débiles, y mucho menos cuando no hay elementos sólidos. No todo lo que brilla es oro”, dijo. Más claro, ni el agua.
EL ORIGEN DE LA FORTUNA
Pero el tema no es tan sencillo. La procuradora antidrogas Sonia Medina denunció a CARETAS que la fiscal Maguiña dispuso una audiencia oral para analizar el caso, pocos días antes de emitir su dictamen el pasado jueves 29, y no la convocó. “Solo citó a los abogados de los Sánchez Paredes”, se quejó.
“Entonces, que se diga que no hay delito cuando solo se ha escuchado a la defensa de los procesados es un embuste”, añadió la persistente Medina.
La procuradora recordó que la investigación del Equipo Especial de Investigación de la Dirandro, encabezado por el fiscal Chávez, indagó el origen de la fortuna de los Sánchez Paredes y tuvo como delito precedente el narcotráfico.
La investigación, por cierto, fue suficientemente extensa como para discriminar entre quienes están presuntamente salpicados por dinero de origen ilícito, como de aquellos familiares que nada tienen que ver con el lavado. Los hijos y sobrinos del clan, salvo Fidel Sánchez Alayo y Blanca Sánchez Príncipe, primogénitos de Manuel y Perciles, no fueron comprendidos en la acusación fiscal. Al final, de 70 personas y 120 empresas investigadas, solo quedaron 7 acusados y un número reducido de compañías.
Las conclusiones, expuestas en 10 documentados peritajes, determinan:
– En 1991, el año en que Perciles fue trágicamente asesinado a balazos en Trujillo, Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes crearon la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), la primera gran minera del clan. En sus declaraciones a la Policía, los tres hermanos dijeron que conformaron Comarsa con un crédito de US$ 2 millones otorgado por un banco de Gran Caimán, pero la Policía no pudo corroborar la existencia de ese préstamo.
– Manuel Sánchez Paredes afirmó haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 11 millones producto de la pesca. Pero no adjuntó boletas de pago, planillas de salarios o cualquier otro documento sustentatorio.
– Orlando Sánchez Paredes dijo haber percibido, entre 1959 y 1990, US$ 15 millones por concepto de pesca, particularmente de jurel. Sin embargo, la Policía indica que se desconoce la procedencia de US$ 12 millones.
– Del mismo modo, Wilmer Sánchez Paredes declaró haber obtenido, entre 1960 y 1990, US$ 13 millones en actividades de transporte, ganadería y agricultura, así como en la compra y venta de cerveza al por mayor. Pero tampoco presentó, facturas u otros documentos que acrediten su fortuna.
MUERTES EN EL CLAN
La procuradora recordó que el delito de narcotráfico tiene como precedente los violentos antecedentes del propio clan norteño. “La fiscal Maguiña dice que no existe vinculación con el narcotráfico. ¿Y entonces dónde quedaron Segundo y Perciles?” se preguntó. “No podemos olvidar el pasado”.
El primero fue asesinado en su laboratorio de cocaína del Rancho Luna de México en 1987, mientras que su hermano Perciles fue procesado por narcotráfico, absuelto en 1988 y muerto a tiros tres años después en Trujillo.
Durante un buen tiempo, los miembros de la familia trujillana negaron que Segundo Simón se haya dedicado al tráfico de cocaína, pero el velo de misterio fue despejado por Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez, durante una entrevista en RPP Noticias, el martes 10. “La hipótesis del Ministerio Público era que el dinero producto de las actividades de mi tío (Segundo Simón) había sido introducido a las empresas de mi padre. Con esos documentos nos acusaron. Lo que se ha hecho ahora es probar que todo era falso, que no se trajo absolutamente ningún centavo del dinero que hizo mi tío porque todo fue incautado por el gobierno mexicano”, declaró.
Las autoridades mexicanas, en efecto, incautaron todos los bienes de Segundo Simón por tratarse de un narcotraficante, aunque no le encontró dinero debajo de su colchón ni en su laboratorio de cocaína. Las transacciones financieras de los capos de la droga son mucho más complejas.
A los muertos del pasado, según la procuradora antidrogas, habría que sumarles los tres que perecieron a tiros durante una balacera entre elementos de la seguridad de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos frente al Poder Judicial de Ica, el año pasado, caso que sigue en investigación.
“Si casos como estos quedan impunes y se paraliza el megaproceso, eso quiere decir que vamos camino a convertirnos en un ‘narcoestado’”, dice la doctora Medina Calvo. “Si esto sucede, cabe preguntarse qué nos espera a la comunidad jurídica y al país, máxime si el Perú responde a nivel internacional en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. Es grave”.
El caso se complica políticamente porque el abogado principal del grupo investigado, Luis Roy Freyre, es el padre de Eduardo Roy Gates, asesor jurídico del presidente Ollanta Humala. Más aún, ambos estuvieron en Ica cuando ocurrió lo de la matanza entre los miembros de la seguridad del clan (CARETAS 2226). Roy Gates permanece en su puesto y ha recibido el respaldo del premier Óscar Valdés y del presidente del Congreso, Daniel Abugattas.
Cualquier duda, en todo caso, quedará resuelta el próximo 20 de abril, cuando la Sala Penal Nacional decida si acepta el pedido de la fiscal Maguiña, negando los esclarecimientos finales de un juicio oral, o lo rechaza enviando el voluminoso expediente a la Fiscalía Suprema para su revisión. Catorce años después de que Perciles Sánchez Paredes, el patriarca del clan, fuera absuelto del cargo de tráfico de cocaína, el Poder Judicial vuelve a ponerse a prueba. (Américo Zambrano)
