La Defensora del Pueblo y Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Beatriz Merino, señaló –en Cartagena de Indias, Colombia, donde preside la reunión anual de defensores del pueblo iberoamericanos– su preocupación por el incremento del número de víctimas por el delito de trata en la región.
En la cita, Merino sostuvo que en el Perú, pese a las dificultades que existen para recabar información estadística, la Policía Nacional del Perú ha registrado cerca de 800 víctimas desde el 2004.
Informó además que la Defensoría del Pueblo se encuentra elaborando un informe para conocer las dificultades respecto a las investigaciones y el juzgamiento en casos de trata de personas.
Reveló además, que a la fecha, la institución que dirige ha recibido información de 15 Cortes Superiores del país (Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Ucayali), que han procesado 94 expedientes judiciales por este delito, de los cuales 12 ya recibieron sentencia condenatoria.
La Defensoría del Pueblo impulsa el seguimiento de 34 casos de presunta trata en sus oficinas distribuidas en el territorio nacional.
El análisis de estos casos, que afectan en su mayoría a mujeres y niñas de diversos puntos del país, ha puesto en evidencia que las principales zonas de captación son Pucallpa e Iquitos, con el principal propósito de la explotación sexual, y que el mayor número de casos de las zonas de explotación –es decir, las ciudades a donde las conducen para explotarlas– son Lima y Cusco.
En ese sentido, la Defensora del Pueblo destacó la creación del Observatorio Continental para contribuir a combatir la migración irregular y la trata de personas, gracias a un acuerdo adoptado en Cartagena de Indias por los defensores del pueblo iberoamericanos que asisten a la Decimo Quinta Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman
El Observatorio Continental servirá de herramienta para que los integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO, recomienden a los Estados formular políticas públicas adecuadas para atender a esta problemática, así como prevenir y sancionar eficazmente el delito de trata, calificado como uno de los crímenes más graves en el mundo, al igual que el tráfico ilegal de armas y el tráfico ilícito de drogas.
“La trata de personas constituye una grave violación de los derechos humanos porque afecta a la dignidad de las personas. No podemos permitir que más niñas, niños, adolescentes y adultos sean explotados de manera cruel por estas bandas criminales”, subrayó Beatriz Merino.
